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Agosto 8, 2019

Sentencia de amparo directo en materia de créditos respaldados

En los últimos años ha sido muy discutido el alcance de la regla de créditos respaldados prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), conforme a la cual, los intereses que se deriven de cierto tipo de créditos realizados por personas morales residentes en México tienen el tratamiento de dividendos para fines fiscales.

Conforme a la legislación vigente, los intereses que deriven de créditos otorgados a personas morales por parte de personas residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas de la persona que paga el crédito, tendrán dicho tratamiento de dividendos cuando, entre otros supuestos, los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando se otorguen a través de una institución financiera residente en el país o en el extranjero.

Para tal efecto, la LISR define como créditos respaldados a aquellas operaciones por medio de las cuales una persona le proporciona efectivo, bienes o servicios a otra, quien a su vez le proporciona directa o indirectamente, efectivo, bienes o servicios a la persona mencionada en primer lugar o a una parte relacionada de esta. Asimismo, también lo define como aquellas operaciones en las que una persona otorga un financiamiento y el crédito está garantizado por efectivo, depósito de efectivo, acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase, de una parte relacionada o del mismo acreditado. Esta definición, por su amplitud, puede abarcar casos que no necesariamente implican una erosión indebida de la base fiscal mexicana.

Al respecto, mediante sesión celebrada el 13 de junio de 2019, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de la sentencia dictada en el amparo directo 25/2019, realizó una interpretación respecto del alcance de la regla en materia de créditos respaldados concluyendo que se actualizó el supuesto establecido en la LISR, dando lugar a una recaracterización de intereses por dividendos.

En dicha resolución, el Tribunal Colegiado señaló que el objetivo de esta disposición desde su origen y con las modificaciones sufridas posteriormente, ha sido la de evitar prácticas indebidas buscando eliminar la evasión y elusión fiscal por parte de contribuyentes que pagan intereses por financiamiento que en realidad buscan evitar el pago del impuesto sobre la renta por la distribución de dividendos, es decir, se establece como una regla antiabuso.1

Asimismo, señaló que en la exposición de motivos que dio lugar a dicha disposición, se estableció claramente lo que debía entenderse por crédito respaldado, teniendo presente que su finalidad era la de evitar que se erosionara la base del impuesto sobre la renta, al distribuirse dividendos bajo el concepto de intereses; por tanto, ante la claridad de la norma debía estarse a la literalidad de la misma.

De igual forma, concluyó que resulta irrelevante que las operaciones efectuadas se hayan realizado con una razón de negocios válida, ya que el referido supuesto no es una presunción sino una ficción de que la deuda se realizó con la finalidad de erosionar la base gravable, ello en sintonía con su finalidad de evitar la elusión fiscal, por lo que es suficiente actualizar el supuesto previsto en la LISR para considerar que se actualiza un crédito respaldado y, por tanto, que los intereses generados por un crédito en las condiciones ahí establecidas deben recibir el tratamiento fiscal de dividendos.2

En este sentido, consideramos que conforme a esta interpretación pudieran existir un sinnúmero de operaciones de financiamiento reales que aun cuando no tengan un propósito de erosión indebida de la base fiscal, podrían actualizar el supuesto establecido en la LISR para ser consideradas como créditos respaldados.

Es importante señalar que la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado es un criterio aislado, mismo que no resulta de observancia obligatoria para los demás Tribunales del país.

Para mayor información sobre el contenido del presente comunicado, no dude en contactar a los profesionales del área:

Enrique Ramírez
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Nora Morales
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Manuel González
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Antonio Gómez del Campo
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Juan Pablo Lemmen
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Luis Ávila
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Ricardo Villalobos
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Valeria Lapray
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Julio Freyssinier
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1 RENTA. EL TÉRMINO "CRÉDITOS RESPALDADOS" CONTENIDO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN EL 2007), TIENE UN PROPÓSITO ANTIELUSIÓN O ANTIABUSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2007). El precepto citado prevé que, para efectos del impuesto sobre la renta, los intereses que provengan de créditos respaldados tendrán el tratamiento fiscal de dividendos. Ahora, del análisis de las reformas a ese dispositivo legal, hasta su texto vigente en 2007, se observa que el legislador en ningún momento tuvo la intención de encuadrar la definición de "créditos respaldados" en el concepto doctrinario tradicional, consistente en aquellas operaciones en donde existen dos créditos documentados cubriendo una misma operación, sino que lo amplió a otros supuestos, con el fin de no dejar resquicios donde estrategias financieras y de negocios novedosas buscaran obtener o conseguir fines o resultados análogos, todo ello dentro de un esquema y propósito antiabuso; de ahí que es irrelevante el objeto de la operación que se considera como crédito respaldado, pues lo importante es el efecto de elusión que se intenta controlar.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

2 RENTA. EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, CONLLEVA UNA FICCIÓN LEGAL QUE NO ADMITE PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA O NO DE UNA EVASIÓN O ELUSIÓN FISCAL. El precepto citado establece una realidad para efectos tributarios, al tratar como dividendos a los intereses generados por un crédito en las condiciones ahí establecidas; lo que es acorde con la intención del legislador de no permitir el riesgo o la deducibilidad de los intereses de todos aquellos financiamientos u operaciones que creen una ficción legal de que la deuda se realizó con la finalidad de erosionar la base gravable. Así, dicha ficción no permite al contribuyente demostrar que las operaciones y mecanismos fiscales que utilizó hayan o no originado una evasión o elusión fiscal, ni mucho menos cuál fue su verdadera intención, pues no se está ante una presunción en donde se releva de prueba a cierto sujeto y se traslada a otro.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

NORMAS ANTIELUSIÓN O ANTIABUSO. PRESUNCIONES Y FICCIONES LEGALES CONTENIDAS EN. La elusión tributaria es un fenómeno que se distingue por el uso de actos, contratos, negocios, así como de mecanismos legales que tienen como finalidad aminorar el pago de los tributos, al impedir el nacimiento del hecho generador de la obligación relativa. Por lo anterior, las normas antiabuso son respuestas excepcionales a prácticas estratégicas de fraude a la ley o abuso del derecho, basadas en construcciones argumentales de significados formales de hechos y normas que atienden, no al objeto de la práctica, sino al efecto de elusión que intentan controlar. Así, la ventaja de que ese tipo de normas contengan presunciones y ficciones legales, es que permiten tipificar aquellos supuestos de hecho elusivos e incorporarlos como hechos generadores de tributos, esto es, buscan levantar el velo a simulaciones jurídicas de operaciones que, en el fondo, financiera y económicamente, implican otra realidad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

FICCIÓN LEGAL. PARA EVITAR ELUSIÓN O EVASIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. Las ficciones legales son, en esencia, un instrumento de técnica legislativa que se inserta en la norma y son capaces de crear realidades, en el sentido de que hacen entender ciertas situaciones conforme a una naturaleza distinta a la que les correspondería normalmente. En este sentido, de conformidad con la tesis aislada 1a. L/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RENTA. DIFERENCIAS ENTRE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN O DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y LAS PRESUNCIONES Y FICCIONES UTILIZADAS PARA TAL FIN.", la construcción jurídica de una norma de valoración (a través de una ficción) se limita a fijar un criterio para ponderar un elemento o hecho que puede ser objeto de presunción o una creación del derecho y que, por ello, la única valoración que quepa asignarle sea la establecida en la propia norma jurídica y, por tanto, tiene como objetivo establecer la base imponible del impuesto. Por tanto, las ficciones legales en materia tributaria para evitar la elusión o evasión que, como política pública, el legislador implementa, tienen una presunción de legalidad que sólo se desvirtúa cuando se demuestre afectación al núcleo esencial de los derechos fundamentales, sin que el contribuyente pueda demostrar que las operaciones y mecanismos fiscales que utilizó hayan o no originado una cierta práctica que implicara un supuesto de evasión o elusión fiscal, ni cuál fue su verdadera intención.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

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