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Agosto 4, 2017

ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN

El pasado 19 de julio de 2017, como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal para combatir la corrupción, inició funciones el Sistema Nacional Anticorrupción. Con ello, entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas (la “Ley”), la que establece las responsabilidades administrativas y sanciones de los funcionarios públicos y de aquellas personas físicas y morales que participen en actos de corrupción tales como el soborno, tráfico de influencias, colusión y la participación ilícita en procedimientos administrativos, entre otros.

Las conductas de los funcionarios públicos sancionadas por la Ley se catalogan en faltas administrativas graves y no graves.

Son consideradas como faltas administrativas graves los siguientes actos:

  1. Cohecho
  2. Peculado
  3. Desvío de recursos públicos
  4. Utilización indebida de información
  5. Abuso de funciones
  6. Actuación bajo conflicto de interés
  7. Contratación indebida
  8. Enriquecimiento oculto
  9. Ocultamiento de conflicto de interés
  10. Tráfico de influencias
  11. Encubrimiento
  12. Desacato
  13. Obstrucción de justicia

Por otro lado, las sanciones de los particulares, ya sean personas físicas o morales, solamente serán penadas si dichas acciones están relacionadas con alguna de las faltas administrativas graves llevadas a cabo por servidores públicos descritas en el párrafo anterior.

Entre las conductas por las cuales los particulares pueden ser sancionados, se encuentran las siguientes:

  1. Soborno
  2. Participación ilícita en procedimientos administrativos
  3. Tráfico de influencias
  4. Utilización de información falsa
  5. Obstrucción de facultades de investigación
  6. Colusión
  7. Uso indebido de recursos públicos
  8. Contratación indebida de ex servidores públicos

Las sanciones que pueden ser impuestas, tanto a personas físicas y morales, en caso de verse involucradas en alguna falta administrativa grave son:

  • Sanciones económicas hasta por dos tantos de los beneficios obtenidos, o hasta por $10,956,000.00 en caso de personas físicas y $109,560,000.00 para personas morales.
  • Inhabilitaciones para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, hasta por ocho años para personas físicas y diez años para personas morales;
  • Suspensión de actividades por un periodo de hasta tres años;
  • Disolución y liquidación;
  • Indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

La Ley establece que las autoridades, en la determinación de responsabilidades y aplicación de sanciones en contra de personas morales, tomará en cuenta la existencia de mecanismos y políticas de prevención y controles corporativos denominados “política de integridad”, con el fin de establecer parámetros y lineamientos para evitar actos de corrupción.

De conformidad con la Ley, esta política de integridad debe contar con, al menos, los siguientes siete elementos:

  • Un manual de organización y procedimientos, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada área, las cadenas de mando y de liderazgo;
  • Un código de conducta publicado y socializado entre la organización;
  • Sistemas de control, vigilancia y auditoría;
  • Sistemas de denuncia, tanto al interior como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas para los responsables;
  • Sistemas de entrenamiento y capacitación respecto de las políticas de integridad;
  • Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, y
  • Mecanismos que aseguren la transparencia y publicidad de sus intereses.

Por lo anterior, consideramos de suma importancia que las empresas establezcan políticas internas (i) que adviertan o eviten actos ilícitos y (ii) de gobierno corporativo, con el fin de prevenir que sus funcionarios o empleados cometan conductas delictivas,  para, en su caso, buscar atenuar e incluso impedir la aplicación de sanciones penales y administrativas.

Para mayor información sobre este comunicado, por favor contactar a cualquiera de los siguientes profesionales:

Dalia Sierra
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Carina Barrera
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Elizabeth Ceballos
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