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Febrero 9, 2017

Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar constitucional la obligación de presentar declaraciones informativas en materia de precios de transferencia

Como parte de la reforma fiscal que entró en vigor en 2016, se estableció en el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) una nueva obligación de presentar a las autoridades fiscales tres declaraciones anuales informativas de partes relacionadas en materia de precios de transferencia, que son: i) la informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, ii) la informativa local de partes relacionadas y iii) la informativa país por país del grupo (Country by Country, “CbC reporting”).

En contra de dicha obligación, varias empresas multinacionales interpusieron demandas de amparo a principios del año pasado ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de obtener una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la obligación de presentar a las autoridades fiscales dichas declaraciones informativas en materia de precios de transferencia.

El 8 de febrero de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar constitucional la obligación de presentar las declaraciones informativas mencionadas.

De la revisión al proyecto de resolución que se hizo público, pudimos conocer que en términos generales la SCJN sostuvo que el artículo 76-A de la LISR reclamado no viola la garantía de seguridad jurídica, toda vez que la obligación de entregar información de partes relacionadas deriva de la vinculación que existe entre las empresas del Grupo y como consecuencia de las operaciones celebradas entre ellas, por tanto, no existe imposibilidad material o jurídica para proporcionar dicha información. Además, no se genera inseguridad jurídica pues no existe duda con respecto a la información y documentación que se debe proporcionar a las autoridades fiscales, pues del mismo artículo 76-A se desprende la información que se debe proporcionar como parte de la declaración maestra, local y país por país.

Por otro lado, se señaló que la obligación de proporcionar la información de las declaraciones en comento no implica un acto de molestia ni el ejercicio de una facultad de comprobación, pues ésta inicia con la notificación de la resolución provisional con las observaciones, por tanto, no deben cumplirse los requisitos de legalidad del artículo 16 Constitucional, en el sentido de que para solicitar la información debió mediar un mandamiento por escrito de autoridad competente fundado y motivado.

Adicionalmente, sostuvo que el artículo 76-A de la LISR al habilitar a la autoridad fiscal a requerir información adicional mediante reglas de carácter general no viola la garantía de reserva de ley, pues dicho precepto sí establece la base mínima de lo que se puede requerir, que es lo relacionado con operaciones de partes relacionadas y es la información contenida en las tres declaraciones informativas.

Cabe mencionar que la SCJN no se pronunció respecto de la totalidad de los argumentos que los contribuyentes hicieron valer en contra de la obligación de presentar las declaraciones, por lo que será necesario esperar la resolución de más asuntos con el fin de conocer la postura final. Asimismo, sabemos que el proyecto que se hizo público sufrió algunas modificaciones derivado de las consideraciones vertidas por los Ministros en la sesión, razón por la cual abundaremos los comentarios aquí vertidos una vez que se publique la resolución definitiva.

Finalmente, al haberse resuelto solamente dos asuntos, el pronunciamiento de la Segunda Sala aun no constituye jurisprudencia obligatoria para el resto de los juzgadores.

Para mayor información sobre este comunicado, por favor contactar a los siguientes profesionales:

Enrique Ramírez
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Antonio Gómez del Campo
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Juan Pablo Lemmen-Meyer
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Luis Ávila
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Manuel González
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Nora Morales
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Ricardo Aramburo
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Ricardo Villalobos
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Valeria Lapray
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Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera contener. Derechos reservados en trámite.