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Septiembre 8, 2016

LA RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS MORALES

Las últimas reformas al Código Penal Federal, vigentes a partir del 18 de junio de 2016, establecieron las conductas por las cuales las personas morales pueden ser sancionadas penalmente, entre las que se encuentran: el tráfico de influencias, el cohecho, los delitos contra el consumo, el fraude, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra el ambiente, delitos en materia de derechos de autor y de propiedad industrial, la defraudación fiscal, así como los delitos financieros y bursátiles.

Como consecuencia de los delitos anteriores, las personas morales podrán hacerse acreedoras a las sanciones siguientes:

  • Suspensión de actividades, hasta por seis años;
  • Clausura de locales y establecimientos, hasta por seis años;
  • Prohibición de realizar ciertas actividades, hasta por diez años;
  • Inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el sector público, hasta por seis años, o
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, hasta por seis años.

Se establece que estas sanciones podrán atenuarse, si con anterioridad al hecho imputado, las personas morales contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y de darle seguimiento a las políticas internas de prevención de delitos.

De igual forma, se emitieron diversos ordenamientos  para regular el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (Sistema), el cual tiene la finalidad de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes tanto a servidores públicos como a particulares.

Conforme a lo anterior, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual establece la posibilidad de sancionar administrativamente a personas morales en los casos en que las personas físicas que actúan en su nombre o representación y que pretendan obtener beneficios para dicha persona moral, participen en actos de corrupción o “faltas administrativas graves”, tales como el soborno, tráfico de influencias, colusión y la participación ilícita en procedimientos administrativos.

Entre las sanciones administrativas que se pueden imponer a las personas morales se encuentran:

  • Sanciones económicas, hasta por dos tantos de los beneficios obtenidos, o en  caso de no haberlos, multas hasta por un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
  • Inhabilitaciones para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, hasta por diez años;
  • Suspensión de sus actividades, por un periodo de hasta tres años;
  • Disolución de la sociedad respectiva,
  • Indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Dicho ordenamiento, que entrará en vigor en menos de un año, establece que en la determinación de la responsabilidad, y por ende de sanciones, de las personas morales, se valorará si cuentan con políticas y controles corporativos denominados como “política de integridad”, con el fin de probar  a la autoridad de que al interior de la empresa se está actuando con la debida diligencia para prevenir actos de corrupción.

De conformidad con la ley, esta política de integridad debe contar con, al menos, los siguientes siete elementos:

  • Un manual de organización y procedimientos, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada área, las cadenas de mando y de liderazgo;
  • Un código de conducta publicado y socializado entre la organización;
  • Sistemas de control, vigilancia y auditoría;
  • Sistemas de denuncia, tanto al interior como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas para los responsables;
  • Sistemas de entrenamiento y capacitación respecto de las políticas de integridad;
  • Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, y
  • Mecanismos que aseguren la transparencia y publicidad de sus intereses.

Por lo anterior, consideramos de suma importancia que las empresas establezcan políticas internas que: (i) adviertan o eviten actos ilícitos y (ii) de gobierno corporativo, con el fin de prevenir que funcionarios o empleados de las mismas cometan conductas delictivas,  para, en su caso, buscar atenuar e incluso impedir la aplicación de sanciones penales y administrativas.

Para mayor información sobre este comunicado, por favor contactar a cualquiera de los siguientes profesionales:

Francisco Forastieri
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Carina Barrera
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Tatiana Treviño
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Ignacio Cortés
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Dalia Sierra
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