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Julio 8, 2016

Efectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas

Como hicimos de su conocimiento en nuestro comunicado de fecha julio 6, 2016, en esta misma fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un asunto patrocinado por nuestra firma, se pronunció sobre la constitucionalidad de las obligaciones en materia de contabilidad electrónica, revisiones electrónicas y buzón tributario introducidas en el Código Fiscal de la Federación vigente a partir de 2014.

Por lo que hace a la obligación de llevar y enviar la contabilidad de manera electrónica, la Segunda Sala de la SCJN, concedió el amparo en contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015, al estimar que dicho Anexo viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues a efecto de generar los archivos de la información contable en formato XML (formato en el que se envía la contabilidad), remite a lineamientos técnicos redactados en idioma inglés y generados por un organismo privado.

Preliminarmente, consideramos que el efecto del amparo en este sentido es que no se tenga obligación de enviar la contabilidad de manera electrónica en los formatos XML hasta en tanto las autoridades fiscales no modifiquen las reglas de carácter general.

Por tanto, la suspensión que en su momento hubiera sido obtenida por los contribuyentes que se ampararon tendría plenos efectos hasta que el juicio de cada contribuyente se resolviera en definitiva, lo que implica que en todo caso se tendría que enviar la información contable hacia el futuro y no en el periodo que duró la tramitación del juicio de amparo.

Por lo que hace a las revisiones electrónicas, la SCJN concedió el amparo en contra del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta 2015, al considerar que el mismo vulnera el derecho fundamental de la garantía de audiencia. Por tanto, el efecto del amparo sería que las cantidades determinadas en las preliquidaciones no puedan hacerse efectivas en un procedimiento de ejecución.

Cabe mencionar que si bien el artículo 53-B del CFF sufrió modificaciones a partir del 2016, su reforma no subsanó las violaciones respecto de las cuales la SCJN concedió el amparo, por lo que los razonamientos vertidos por dicho tribunal podrían ser plenamente aplicables al artículo vigente en 2016.

Por otro lado, en relación con los argumentos hechos valer en contra de la obligación de usar el buzón tributario como medio de comunicación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, los mismos fueron desestimados por la SCJN, por lo que se declaró su constitucionalidad.

Cabe mencionar que la SCJN, hasta el momento, ha resuelto solo el amparo patrocinado por nuestra firma, por lo que los pronunciamientos antes señalados no constituyen jurisprudencia obligatoria para los demás casos, y en primera instancia solo resultarán aplicables en aquellos asuntos en que dichos argumentos se hayan hecho valer. En caso de que con posterioridad se resolvieran cinco asuntos en el mismo sentido, formándose jurisprudencia, dichos argumentos podrían aplicarse para conceder el amparo, supliendo la deficiencia de la queja de los asuntos en que dichos argumentos no se hicieron valer.

Finalmente, es importante mencionar que hasta este momento la versión final de la sentencia no nos ha sido notificada, los comentarios aquí contenidos se derivan del conocimiento que tenemos del asunto al haberlo patrocinado, así como de la versión pública del proyecto de sentencia y del comunicado de prensa emitido por la SCJN. Una vez que contemos con la versión definitiva de sentencia estaremos en posibilidad de ampliar los comentarios.

Para mayor información sobre este comunicado, por favor contactar a los siguientes profesionales:

Enrique Ramírez
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Nora Morales
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Manuel González
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Juan Pablo Lemmen-Meyer
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Luis Ávila
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Ricardo Villalobos
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Valeria Lapray
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Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera contener. Derechos reservados en trámite.